ex AU3 - Denuncias de privatización del espacio (G.Cerruti jul12)
El intendente de facto Osvaldo Cacciatore fue quien realizó la primera incisión, en el barrio de Saavedra. En 1978, la dictadura militar expropió 800 viviendas ubicadas entre Donado y Holmberg que iban a ser demolidas para construir la autopista, pero el proyecto perdió impulso y las casas que no se demolieron quedaron abandonadas. Entre fines de los años 70 y mediados de los 80, esas viviendas fueron ocupadas por más de trescientas familias.
Diario Z. AU 3: barrio a estrenar
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21.07.2012 · NOTICIAS DE LA CIUDAD ·
La ciudad fue cambiando y el contraste entre ese tajo y el barrio circundante fue haciéndose cada vez mayor.
¿Cómo resolver el drama de trescientas familias sin otro techo bajo el cual refugiarse, que viven en condiciones de hacinamiento y precariedad estructural y cohabitan en permanente tensión con sus vecinos? Fue un proceso de aproximaciones sucesivas. Finalmente, en 1999 se sancionó la ley 324, cuyos objetivos eran “reconstruir el tejido urbano y social del área en cuestión” e “iniciar el proceso de solución habitacional definitiva” para este sector de vecinos.
Es cierto que “reconstruir el tejido” es un concepto amplio. Por caso, el macrismo lo cargó de su propio contenido. Una cosa hubiese sido reabsorber a los vecinos de las casas tomadas en el barrio que habitaron durante 30 años, pero este cirujano plástico aplicó la técnica de remover e inyectar una buena dosis de negocio inmobiliario.
La ley 3396
En 2009 se sancionó la ley 3.396, que establece las distintas alternativas a las cuales podían acogerse los llamados “beneficiarios” de la ley 324 -como la normativa denomina a quienes habitan la traza con anterioridad a agosto de 1996. Ambas normati¬vas están dirigidas al denominado “sector 5″, el más crítico de la tra¬za, comprendido entre las aveni-das Congreso y De los Incas. El or¬den de las opciones no modifican el producto final, pero es signifi¬cativo de hacia dónde se orientan: la opción A era recibir una “pres¬tación no reintegrable” de hasta 150 mil pesos, una cifra eviden¬temente insuficiente para adqui¬rir una vivienda dentro de la ciu¬dad de Buenos Aires. Es decir, la primera alternativa que se les pre¬sentaba a los vecinos era recibir un cheque y emigrar. Después de tantos años de incertidumbre e intentos de desalojo, casi la mitad de las familias optaron por irse con el dinero en la mano. Los fun¬cionarios del gobierno porteño explican que al tratarse de gente “insolvente” era preferible otor¬gar un “subsidio veraz antes que un crédito mentiroso”. Para los “no beneficiarios”, es decir, para los que llegaron al barrio después de 1996, el subsidio es sensible¬mente menor: unos 15 mil pesos, apenas lo suficiente para pasar al-gunos meses en una pensión. En
el caso de los ancianos solos, se les otorgó un “comodato de por vida” de las viviendas que ocu¬pan. En definitiva, otra manera de optimizar recursos.
Recién en segundo término la ley 3.396 plantea la posibilidad de acogerse al beneficio de una vi¬vienda social.
Todo el proyecto se asentaba en un esquema de autofinancia¬miento: los lotes desocupados se¬rían subastados y con los fondos provenientes de la venta de esos inmuebles que pertenecen a la Ciudad, se construirían viviendas sociales y se realizaría una serie de “obras complementarias” para mejorar la infraestructura del ba¬rrio. Una parte de lo recaudado se aplicaría a brindar soluciones ha¬bitacionales al sector 4, que con¬tinúa desde avenida De los Incas hacia el centro de la ciudad.
Boom inmobiliario
“Los remates empezaron con dudas. Los primeros quedaron de¬siertos hasta que algunos medios y otros suplementos especializados, comenzaron a publicitarlo como un sector para invertir”, afirma la legisladora Rocío Sánchez Andía (CC) a Diario Z, “pero nada de-cían de cuál era el verdadero fin del proyecto. La idea no era habi¬litar un nuevo loteo en la Ciudad sino financiar la construcción de vi¬viendas sociales. La publicidad que ha hecho Macri tiene más que ver con estimular un ´boom´ inmobi¬liario que con la real finalidad de la movida”. La Coalición Cívica fue uno de los bloques que promovió la sanción de la ley 3.396.
Por ejemplo, uno de los pro¬yectos inmobiliarios que prendie¬ron en la zona y que constituye un “rotundo éxito comercial”, ya que fueron vendidas el ciento por cien¬to de las unidades ofrecidas en su primera etapa fue el proyecto Green House. Se trata de un com¬plejo de departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes con terraza y dú¬plex distribuidos en cinco niveles, “con amenities de la más alta ca¬tegoría”: terrazas verdes, un gran jardín común, plaza de juegos, so¬larium, piscina cubierta climatiza¬da y piscina descubierta, gimna¬sio, cyber room, spa con sector de sauna y relax, microcine, parrillas, salón de usos múltiples, sala de juegos, laundry, seguridad las 24 horas y cocheras. Estos equipadí¬simos edificios cotizan a razón de unos 2.500 dólares el metro cua¬drado. Es decir que los “beneficia¬rios” de la ley 324 que recibieron una “prestación no reintegrable” podrían adquirir unos… 13 me¬tros cuadrados al tipo de cambio oficial en este coqueto complejo habitacional.
Contrastes
De las viviendas sociales pre¬vistas, hay tres que se encuentran en etapa de ejecución, con distin¬tos grados de progreso, y presen¬taron diversos contratiempos.
“Los distintos proyectos de vi¬viendas sociales han tenido vicios bastante particulares”, dice Sán¬chez Andía. La ley especifica que las viviendas sociales que se en¬treguen deben ser adecuadas al grupo familiar, pero en una pri¬mera etapa se empezaron a cons¬truir viviendas de dos ambientes que no contemplaban cuestio¬nes elementales de la vida cotidia¬na de una persona. Por ejemplo, no tenían lavadero, las cocinas no estaban previstas para la instala¬ción de un lavarropas y los cuar¬tos eran muy chicos. Por otra par¬te, una vivienda de dos ambientes para una familia con tres chicos implicaba volver a una situación de cierto grado de hacinamiento. “Hubo que hacer varias remode¬laciones y eso llevó a un retraso de las obras y las entregas, mien¬tras que la publicidad del loteo marchaba mucho más acelerada¬mente”, explica la legisladora. Las remodelaciones dieron lugar a formas arquitectónicamente “in¬novadoras”, por llamarlas de al¬guna manera: hubo que unificar departamentos, lo que derivó en unidades equipadas con dos coci¬nas y dos baños.
Desde la bancada de Francisco “Tito” Nenna (FpV), quien al igual que Sánchez Andía integra la Co¬misión de Vivienda de la Legislatu¬ra, señalan que se “optimizaron” unidades de un ambiente con la instalación de entrepiso. De to¬dos modos ninguna fue entregada aún. Por otro lado, se trata obvia¬mente de construcciones muy eco¬nómicas, que habrá que ver cómo soportan el paso del tiempo. La in¬versión promedio de cada uno de los edificios destinados a vivien¬das sociales fue de siete millones de pesos. Para tener como referen¬cia, la inversión privada en el cita¬do complejo Green House fue de nada menos que 17 millones de dólares en su primera etapa. Una brecha más que considerable.
Asimismo, un informe ela¬borado por el diputado Nenna y sus asesores, al que Diario Z tuvo acceso, señala que en el curso de la implemen¬tación de la ley 3.396, se incor¬poraron una serie de obras “com¬plementarias” que benefician al sector 5 pero que “ponen en ries-go la disponibilidad de recursos para realizar las soluciones habita¬cionales en el sector 4″. Apuntan, entre otros, a la construcción de dos “sapitos” en los extremos de la estación Drago del ex ferrocarril Mitre que el gobierno de Macri li¬citó sin pasar por la aprobación de la Legislatura y que in¬sumieron 41 millones de pesos. Ese informe tam¬bién señala que no se realizó el censo del sector 4 sobre que fundamenta¬ría el plan integral para el sector y que debería ha¬berse presentado el 13 de junio. Las demandas de los vecinos del sector 4 datan de hace más de dos años.
Espacio público
La fiebre de subas¬tas sobre la traza de la ex AU3 también afectó al espacio público y secto¬res de uso comunitario. El Paseo de la Paz, ubicado en la esquina de avenida Monroe y Holmberg, fue vendido no obstante es¬tar consignado en el Có¬digo de Planeamiento como una plaza. El campo de deportes que utilizan los alumnos de las escue¬las 4 y 24 del distrito escolar nú¬mero 15 -ubicado en sobre la calle Rivera, entre Donado y Holmberg- también salió a la venta, pero se debió dar marcha atrás debido a las quejas de los vecinos.
Asimismo, el proyecto urba¬nístico preveía la construcción de un polideportivo más adecuado para el sector 5, pero se preten¬dió construirlo sobre el espacio verde de la ex AU3, en el sector de la avenida Goyeneche, a más de diez cuadras del preexistente.
Todavía queda un 35 por cien¬to de los lotes de la traza sobre el sector 5 para subastar. En ellos, las casas y edificios ya fueron demoli¬dos para evitar nuevas intrusiones. Los terrenos baldíos fueron alam¬brados. Los vecinos que los ocu¬paban, a la espera de las vivien¬das sociales que todavía tardan en entregarse, fueron relocalizados y concentrados en algunos edificios deshabitados del sector.
Desde sus balcones, mientras tanto, podrán ver cómo florecen a su alrededor pitucos edificios con amenities de “gran catego¬ría” que quizás algún día conoz¬can a través del folleto de un bró¬ker inmobiliario.
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